La Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones contra cuatros gobernadores: de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa; Huila, Luis Enrique Dussán López; Guainía, Juan Carlos Iral Gómez y Guaviare, Heyder Yovanni Palacio Salazar, por presuntas irregularidades en la ejecución física y presupuestal de proyectos financiados con recursos de regalías, por $ 88.065 millones. 

En Antioquia un contrato por $ 22.700 millones para el mejoramiento de vías terciarias en los municipios del occidente, habría sido entregado a por la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño (Asomura), entidad designada como ejecutora, al contratista Sigma Construcciones S.A. sin tener en cuenta las disposiciones legales para la contratación pública. 

Entre las presuntas irregularidades encontradas por el Grupo Especial de Seguimiento a Regalías (GES-SGR) de la Procuraduría, existen además deficiencias en los estudios topográficos y diseños hidráulicos previos a la obra, condiciones técnicas diferentes a las especificadas en la propuesta inicial, insuficiencia en las vigencias de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual e incumplimientos por parte del interventor porque no habría advertido sobre dichas inconsistencias. 

Además del gobernador Gaviria, como cabeza de la entidad designada como responsable de verificar la ejecución, están involucrados en la investigación los secretarios de Infraestructura 2020 y 2021, la supervisora del contrato de interventoría y el director de Asomura. 

En Huila el proyecto cuestionado tiene que ver con la construcción de un tramo de siete kilómetros en la vía entre los municipios de San Marcos y Acevedo, por valor de $ 18.215 millones. 

A pesar de haber sido aprobada en 2015, actualmente la obra presenta solo el 50 % de avance, aunque su ejecución financiera ya llegó al 100 %.

Las presuntas irregularidades encontradas por la Procuraduría estarían en la estructuración y formulación del proyecto de inversión que, al no contar con estudios y diseños actualizados, ni con algunos permisos, licencias ni certificado de sostenibilidad, se ha retrasado sistemáticamente, a lo que se suma la no publicación de la información contractual en el sistema SECOP. 

Además del gobernador Dussan López, están vinculados a la investigación la actual secretaria de Vías e Infraestructura, el secretario de Planeación y el interventor.

El proyecto por el que se investiga al gobernador de Guainía y al representante legal de la firma interventora, tiene que ver con la construcción de dos puentes vehiculares en el municipio de Inírida por valor de $ 16.150 millones.

Este contrato, cuya ejecución registra más de un año de retraso, ha sido denunciado por las comunidades indígenas de la región, debido a sus demoras y por habérselo entregado al cuestionado empresario Winston Hernández, como representante legal de la Unión Temporal Puentes de Guainía. 

Frente a estas denuncias sobre el abandono de la obra y al evidente mal estado de la vía Inírida - Caño Pato, la Procuraduría Regional Guainía inició indagación preliminar el 10 de mayo de 2022.

La Procuraduría Regional concluyó en su acción disciplinaria, que la conducta del actual gobernador y el exgobernador anterior podrían resultar comprometidas disciplinariamente por presunta omisión administrativa en la obra ejecutada.

“El contrato en mención tuvo suspensiones y prórrogas cuyo plazo finalizó el 8 de diciembre de 2022 obteniendo como resultado una obra inconclusa”, aseguró la Procuraduría en ese momento. 

El proyecto Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Cacao para las Familias Campesinas de los departamentos de Guaviare y Meta, por el que además del gobernador, se investiga al secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente  y a la secretaría de Educación departamentales, aseguraba en el papel que lograría aumentar los niveles de competitividad y productividad de los cultivos de cacao, mejorar los la producción y el área de los cultivos y capacitarlos sobre el manejo integrado de estos.

Pero en el mundo real habría presentado falencias en los estudios, diseños y presupuestos previos, fallas en la identificación y selección de los beneficiarios, ausencia de planos, diseño de drenajes, construcción de canales y de un sistema de riego vital para garantizar las condiciones agroclimatológicas de los terrenos donde se ejecuta el proyecto, cuyo valor supera los $ 31.000 millones. 

La Procuraduría delegada para el Seguimiento de Regalías, se encuentra solicitando a las entidades responsables de la aprobación y ejecución de los diferentes proyectos, las pruebas documentales y testimoniales necesarias para determinar la responsabilidad de los investigados.